Noelia Hernández
La corrupción no es un rasgo exclusivo de la política valenciana, ni siquiera de la española. Puede que este hecho sorprenda tras años de escandalosas cabeceras de telediarios y periódicos pero queda patente al ver los “papeles de Panamá” plagados de políticos por doquier y hablar con amigos extranjeros que también han vivido episodios propios de la cinematografía en sus respectivos países.
La causa puede ser muy compleja pero estoy convencida que la propia estructura actual del sistema contribuye a ello. La profesionalización de la política y la elección de algunos cargos denominados de “confianza” crean una red de deudas y favores que alimenta el silencio y la complicidad con determinados comportamientos. Siempre me pregunto por qué no profesionalizar todas las escalas de la Administración, dotándola de estabilidad y evitando la influencia de los estamentos políticos. Al fin y al cabo, éste sería un mecanismo de control que podría evitar injerencias y aumentar la transparencia en la gestión. No solo eso, evitaría esa cadena de favores a devolver.
La regeneración democrática es muy necesaria, cada vez me convenzo más. Una regeneración costosa, ya que tanto viejos como nuevos tienen muy asumidas determinadas maneras de hacer y, ni siquiera, se plantean que existan otras. Sin embargo, veo planteamientos muy superficiales para intentar combatir la corrupción y las “puertas giratorias”. A veces me parece que estamos intentando matar moscas a cañonazos y olvidando que existen mecanismos de control. El problema es que no se utilizan.
Si la solución para evitar las puertas giratorias y la corrupción es la demonización de aquellos gestores públicos que provengan del sector privado, evitando que puedan volver a sus respectivos trabajos una vez finalizada su etapa política, significa simplificar mucho el problema. ¿Acaso los principales protagonistas de las puertas giratorias más renombradas provenían del sector público o no eran muchos de ellos políticos de larga trayectoria? ¿Significa entonces que solo podrán decidir desempeñar un puesto político durante unos años los funcionarios, los pensionistas y las personas acaudaladas? ¿Esto no provocaría perpetuar la “casta” ante la imposibilidad de tener otra alternativa profesional y evitar que personas con una carrera consolidada decidieran ejercer un cargo público de manera temporal y limitada?
Creo que el peligro de la simplificación, la demonización de determinados sectores y la falta de uso de los mecanismos de control ya existentes puede tener consecuencias más graves y que vayan en contra de esta necesaria regeneración. ¿O la regeneración solo puede provenir de determinadas personas?
Noelia Hernández
